Toda la cúpula de UGT Andalucía conocía la estructura de financiación ilegal. Así se desprende de la confesión a la Guardia Civil de Francisco Fresneda, extesorero del sindicato. Los investigadores explican en su informe cómo las arcas de UGT Andalucía se nutrían de fondos públicos irregulares por medio de tres técnicas.
La primera de ellas era el rápel: UGT exigía un descuento a sus proveedores que oscilaba entre el 3% y el 20%. Otra técnica era el bote: UGT manejaba facturas falsas que emitían proveedores de confianza y la póliza, las acciones formativas exigían una póliza con la aseguradora ASP, que al parecer era propiedad de la misma UGT, y que después devolvía el 50% del importe.
El informe ha destapado supuestos comportamientos escandalosos de los exsecretarios generales, Fernández y Pastrana. Germán Domínguez, exsecretario de Formación y Cultura de UGT Andalucía, desvela que "Pastrana cobraba 3.000 euros, tenía coche con chófer, se le pagaba el alquiler de su vivienda y tenía una Visa Oro a su disposición".
Las conversaciones interceptadas a Francisco Fernández también han puesto en el ojo del huracán a Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, que llegó a afirmar que en vaya lío le habían metido los anteriores dirigentes.
“En la normativa del 23 de octubre del 2009, en tema de subvenciones y formación profesional, existe un apartado donde dice que el 20% los costes directos y asociados que están definidos en la subvención son legales” dice Carmen Castilla.
Previsiblemente la anterior cúpula de UGT será citada para explicar las supuestas irregularidades denunciadas por la Guardia Civil.