El Consejo Fiscal ha rechazado iniciar los trámites para cesar al recientemente nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y también ha decidido no amparar a tres fiscales del caso Pujol denunciados por coacciones por un empresario catalán, pues esa actuación está aún en trámite en la Fiscalía del TSJ de Cataluña.
Así lo han informado a los periodistas dos de las componentes del Consejo, María Cristina Dexeus, de la conservadora Asociación de Fiscales, y Eduardo Esteban, de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación que ha planteado, en boca de sus tres fiscales presentes en el plenario dentro del turno de ruegos y preguntas, el cese de Moix por las recientes polémicas con sus subordinados.
El Consejo ha rechazado esta propuesta con los votos en contra de los otros nueve fiscales, incluido el del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La petición de los tres fiscales progresistas se ha basado especialmente en sus últimas decisiones en el marco de la operación Lezo, que ha llevado a prisión al expresidente madrileño Ignacio González.
Moix ha sido criticado por intentar paralizar algunos de los registros de esa operación, que finalmente se practicaron después de que los dos fiscales de Lezo llevaran el asunto al plenario de Anticorrupción y consiguieran el apoyo de sus colegas.
Sin embargo, según la fiscal conservadora Dexeus, "las razones no son lo suficientemente sólidas" como para apartar a Moix y las discrepancias "pueden solventarse por cualquier otra vía que esté en los estatutos".
Este criterio no lo comparte la UPF, que, en un comunicado, justifica su petición en la "la tensa situación generada por el nuevo fiscal jefe Anticorrupción con los demás integrantes de una Fiscalía que le era del todo ajena cuestiona su idoneidad para continuar en el cargo" y en que las decisiones que ha tomado en Lezo son "apresuradas", "desafortunadas e incomprensibles".
En el Consejo también se ha debatido una solicitud de amparo de los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa ante la denuncia, tramitada por Moix, del empresario Rafael Pallardó, que les acusa de haberle coaccionado para que declarara contra Jordi Pujol.
Los tres fiscales ya negaron esas coacciones y alegaron que fue dicho empresario (imputado en el caso Emperador sobre la mafia china de blanqueo liderada por Gao Ping) quien les exigió dinero de los "fondos reservados" para inculpar a Pujol.
Ahora, según ha informado Dexeus, el Consejo Fiscal -máximo órgano consultor de la Fiscalía General del Estado- ha considerado oportuno no concederles el amparo "en este momento por la situación en la que se encuentra la tramitación de la denuncia".
"Es un tema técnico y nos mantenemos al margen dejando que se siga el ritmo ordinario en la investigación que se está llevando a cabo", ha dicho la fiscal.
Otro de los asuntos debatidos ha sido la queja de dos de estos fiscales -Grinda y Bermejo- por haber sido relevados del caso 3 %, un debate que, según Dexeus, se ha pospuesto "a la espera de mayor información" que ha solicitado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tanto a Moix como a los fiscales del caso.
Mientras tanto, seguirán investigando la supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) dichos fiscales, que comenzaron a llevar el caso con un juez de El Vendrell (Barcelona) en el año 2015.
Por lo tanto, la decisión de Moix, que nombró en su lugar a dos fiscales catalanes y justificó este cambio por motivos de cercanía, quedaría paralizada a la espera de más información.
Moix se ha mostrado partidario, en una entrevista a Onda Cero, de imponer sanciones a los medios que filtren información bajo secreto, unas palabras que reprueba la UPF al entender que "no se puede mirar a otro lado y eludir la realidad del problema", que es reforzar la autonomía de la Fiscalía.
La asociación recuerda que precisamente algunas de esas filtraciones de Lezo son conversaciones pinchadas en las que González habla de su preferencia por que Moix fuese el futuro jefe de Anticorrupción, por lo que cuestiona su idoneidad en el cargo cuando además ya está "marcado por su apariencia de parcialidad".
Al finalizar la reunión del máximo órgano consultor de los fiscales, la Fiscalía General del Estado ha difundido un breve comunicado en el que apoya a "todos los componentes de la Fiscalía Anticorrupción" pese a que omite los temas tratados en el Consejo Fiscal y las quejas manifestadas por la UPF.
La institución solicita "respeto" para el trabajo "difícil y necesario" de los fiscales que está "por encima de las luchas partidistas" y de presiones y pide que "se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función".