El Gobierno da un paso más y estrecha el cerco sobre las cuentas de Cataluña. Lo anuncia el Ministro de Hacienda: desde ahora será el Ejecutivo central el que tenga el control de casi la totalidad de los pagos.

Hasta ahora el Gobierno transfería mensualmente el dinero y la Generalitat informaba semanalmente de en qué se lo gastaba.

Pero tras anunciar el Govern que ya no remitirá más ese informe, el Estado mueve ficha: será la Hacienda española la que afronte las facturas y, por tanto, no enviará el dinero al Gobierno catalán.

Control que ampliará también a los créditos para evitar, por ejemplo, que partidas para el referéndum puedan disimularse como gastos en diferido.

El Gobierno pone el foco en que se trata de garantizar los servicios públicos de los catalanes y no de invadir competencias.

Al menos de momento. Montoro le da Puigdemont un plazo de 48 horas para que acepte este paquete de medidas. Si no, el Gobierno intervendría las cuentas catalanas.

En la práctica, del ministro de Hacienda pasarían a depender 1.400 millones de euros al mes, que hoy están en manos de la Generalitat.