El Gobierno ultima la nueva ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo ha dado el primer paso abriendo la puerta a las aportaciones de distintos colectivos, aunque prevé tenerla lista este verano.
Así lo avanzó en febrero la vicepresidenta Carmen Calvo, que está al mando de este proyecto que reformaría la Ley de la Memoria Histórica aprobada por Zapatero en 2007.
Con la exhumación de Franco como antesala, el Gobierno pretende ir más allá ilegalizando la Fundación en honor al dictador. El ejecutivo quiere acabar con las organizaciones que hagan apología del franquismo o inciten al odio contra las víctimas de la Guerra Civil, y ése sería el principal argumento para cerrar la Fundación Francisco Franco.
Esta iniciativa sería prioritaria para la coalición de Gobierno, por lo que ya se encuentra ultimando los detalles, gracias también a los avances de Dolores Delgado en su etapa como ministra de justicia.
Entre los pilares de esta iniciativa se encuentra destinar una partida especial para exhumaciones de fosas, expropiar el Pazo de Meirás, endurecer las sanciones por apología y exaltación de la dictadura y crear nuevos contenidos educativos en los colegios para que "todos conozcan la memoria y que no vuelva a ocurrir", como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno.
Para llevarlos a cabo, el Ejecutivo tiene pensada una partida especial en los Presupuestos destinada a Memoria Democrática que sería superior a los 15 millones de euros que Sánchez pretendió destinar en sus Presupuestos fallidos de 2019.