El informe legal apunta que un candidato puede concurrir a las elecciones europeas aunque pese sobre él una orden de detención nacional en España, pero que "su presencia en Madrid es obligatoria para acatar la Constitución española y poder ser incluido en la lista comunicada por las autoridades españolas al Parlamento europeo", según consta en el documento encargado por el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.
El análisis añade que si el candidato electo fuera detenido en el momento en que acude a jurar o prometer la Constitución, las autoridades judiciales españolas "aún podrían darle permiso" para cumplir con el procedimiento y subraya que, en todo caso, la decisión sobre este permiso "depende de las autoridades judiciales españolas".
Puigdemont se presenta a las elecciones al Parlamento europeo del próximo 26 de mayo como 'número uno' de JxCAT y en marzo aseguró que volvería a Cataluña si lograba escaño, ya que al ser eurodiputado tendría inmunidad en toda la Unión Europea.
Ante las dudas de que pudiera acudir a recoger el acta a Madrid sin ser detenido antes, sus abogados defendieron que la inmunidad que asiste a un eurodiputado se aplica desde el momento en que es elegido y no a partir de que se cumpla el proceso para tomar posesión del escaño.
Sin embargo, a esto también responde el informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara al apuntar que la protección que cubre a un eurodiputado de acuerdo al artículo 9 del reglamento de la institución "tendrá efecto para el nuevo eurodiputado electo a partir del 2 de julio de 2019 a las 10:00 horas", momento en que se constituirá la nueva Eurocámara.
En cualquier caso, la inmunidad de los eurodiputados que ya han tomado posesión de su escaño supone que no pueden ser investigados, detenidos, ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos.
Si las autoridades nacionales pertinentes solicitan a la Eurocámara que levante la inmunidad a uno de sus diputados, la comisión de Asuntos Jurídicos deberá realizar un informe que se votará posteriormente en el pleno del Parlamento que debe tomar la decisión final.