Tras recalcar que ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, ha afirmado que dar este paso justo cuando va a arrancar el juicio del 'procés', es una "puñalada por la espalda a la Justicia".

El primer secretario del PSC,Miquel Iceta, ha reconocido que el Gobierno y la Generalitat están estudiando la posibilidad de nombrar a alguien que dé "fe" del contenido de las negociaciones que mantienen durante sus encuentros.

Poco después, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aceptado la figura de un coordinador en la mesa de diálogo político con los partidos independentistas sobre la situación de Cataluña.

Ante ese anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de usar mediadores para "negociar con los independentistas catalanes", el PP ha señalado que eso supone "ceder al chantaje de los independentistas" y aceptar "la utilización de 'mediadores', 'relatores' o 'coordinadores' para abrir una negociación".

"Sea cual sea el nombre que le atribuyan, responde a lo que el señor Torra (presidente de la Generalitat) solicitó por carta el pasado 26 de septiembre al Gobierno y a la comunidad internacional, en la que reclamaba el 'inicio de una mediación sin pre-condiciones', a la que seguirían los 'términos del referéndum'", ha asegurado el PP en un comunicado.

Ante estos hechos, el PP ha recalcado que "ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, sino que se defienden".

"Nunca, bajo ninguna circunstancia, el Partido Popular va a admitir o consentir que el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista", ha advertido.

Según el PP, situar mediadores o relatores significa, en la práctica, "poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo".

En su opinión es "de facto, legitimar como admisibles las demandas separatistas. La libertad y la ley no se negocian mediante intermediarios".

Además, ha criticado que esta iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez se produce a pocos días de que arranque el juicio del 'procés', en el que el Tribunal Supremo juzgará "la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de 2017", lo que "significa una puñalada por la espalda a la Justicia.

Finalmente, el PP se ha reafirmado —en el mismo comunicado— en que lo que, a su juicio, comparte con "una gigantesca mayoría de españoles, incluidos una gran mayoría de catalanes: la vigencia de la unidad nacional, de la Constitución y del imperio de la Ley, por encima de quienes pretenden romperlas mediante actos de rebelión, o mediante una negociación que equivale a una traición a España y a todos los españoles".