En sendos recursos, los dos exconsellers solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, aplicándoles los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de JxSí.

Los dos exconsellers del PDeCAT permanecen en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre, junto a otros seis exmiembros del Govern, por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que los investiga a raíz de una querella de la Fiscalía por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

En sus escritos, Jordi Pina, abogado de ambos exconselles, descarta el riesgo de reiteración delictiva en que Lamela basó el ingreso en prisión de Rull y Turull -junto al de fuga y destrucción de pruebas-, argumentando que, pese a discrepar "políticamente de su contenido y legitimidad", sus clientes y el resto de miembros del Govern querellados "han acatado expresamente las medidas del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación".

Prueba de ello es, según el abogado, que tras la aplicación del 155 no se ha adoptado "ningún acuerdo ni dictado disposición de ninguna clase" por parte del Govern, que, recuerda el recurso, "estuvo reunido al finalizar la sesión parlamentaria del 27 de octubre" (en que el Parlament votó la independencia) "sin adoptar ningún acuerdo".

Los recursos insisten en que ninguno de los "cesados consellers" han aprobado tampoco acuerdo alguno: "Basta consultar el Diario Oficial de la Generalitat para comprobar que nada se ha publicado ya desde la aplicación del citado precepto constitucional", prosigue el escrito.

El abogado subraya también que ninguno de los miembros del Govern querellados "ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario (tras la aplicación del 155), anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas (el 21D)".

"No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral", añaden los recursos de Rull y Turull. Jordi Pina argumenta además en sus escritos que el encarcelamiento de Rull y Turull "contraviene el derecho a elecciones libres", así como "el de los ciudadanos a tener representantes políticos", y recuerda que los querellados "participarían sin duda" en la campaña electoral del 21D si no estuvieran privados de libertad.

La defensa de Turull y Rull descarta también que el hecho de que el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers hayan huido a Bélgica tras la declaración de independencia suponga un incremento del riesgo de fuga que justifique mantener en prisión a los exconsellers que se quedaron en España.