Dolors Torrens es una a de las 80.000 personas con discapacidad intelectual privadas de su derecho al votar España. "Se me ha privado de mi opinión, de mi voz y de mis pensamientos", explica. 

En 2005, una sentencia de incapacitación le dejó sin voto. La incapacitación afecta a aspectos económicos, personales y patrimoniales, pero también hace que se pierda la posibilidad de votar. "Mi madre es mi tutora legal y ella es la que tiene que firmar mis documentos y además hay un pequeño apartado que dice que no tengo derecho a sufragio, es decir, que no tengo derecho a voto", añade. 

Después de un año y medio de batalla legal, un juez le ha dado la razón. Las asociaciones piden que las sentencias no retiren este derecho fundamental. Cristina López, directora técnica de Adisl, subraya la importancia de que "se sientan protagonistas de su vida" y que "para ellos el derecho al voto es fundamental". Fundamental se les facilite el acceso a voto. López destaca que "la pregunta es qué podemos hacer la sociedad y los partidos políticos para facilitar el acceso a la información y que puedan ejercer su derecho al voto como cualquier ciudadano".

Muchas personas con discapacidad intelectual, intentan demostrar en los tribunales que están capacitados para votar."Icluso las personas que no se pueden expresar, no pueden decirlo en palabras, pero la familia u otros soportes pueden ayudar a que ellos se expresen", afirma Dolors.

Ella, al igual que otros en su misma situación, quieren que su voz sea escuchada en las urnas.