El Congreso de los Diputados ha aprobado la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España sin el apoyo del Partido Popular, Vox y Más País, que considera que se queda corta. La nueva Ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar la emisiones de gases contaminantes y alcanzar la plena descarbonización.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado durante su intervención en la cámara baja que se trata de "una ley que el país necesitaba e imprescindible". "Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resilicencia", ha dicho Ribera.

La nueva ley del clima ayudará a España a cumplir con sus compromisos internacionales para combatir el cambio climático y alcanzar antes de 2050 la neutralidad climática. Además, propiciará un sistema eléctrico con, al menos, un 74 por ciento de generación de renovables, frente al 40% actual.

La norma parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año), y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática.

Estas son algunas de las medidas más destacadas alcanzadas en el desarrollo de esta ley como marco fundamental sobre el que tejer políticas y estrategias de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático:

- Los turismos y vehículos comerciales ligeros, no destinados a usos comerciales, reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que a partir de 2040 no podrán venderse turismos que emitan dióxido de carbono y a partir del 2050 no podrán circular; además establece obligaciones para puntos de recarga en gasolineras y en edificios.

- Prohibición de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles -en tierra y mar-, ni se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas; tampoco se autorizaránactividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del "fracking".

- El texto mantiene la obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes para 2030, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 y favorecer la movilidad eléctrica y transporte público.

- La ley contempla la consideración del cambio climático en la gestión del dominio público marítimo terrestre y establece que los títulos de ocupación se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, sin superar los plazos establecidos en la ley de costas, por un período máximo para la ocupación de 75 años.

- Impulsa la rehabilitación energética de los edificios, vigila los impactos del cambio climático en la salud pública y en la consecución de una dieta alimentaria sostenible y da prioridad a los bosques como sumideros de carbono; además el despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con combatir el deterioro demográfico.

- En el sector financiero, grandes empresas, entidades financieras y aseguradoras deberán elaborar informes anuales sobre los riesgos que la transición a una economía sostenible genere para su actividad, así como medidas para afrontarlos.

- En materia de gobernanza, se prevé la creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones.

- La ley incorpora la convocatoria de una asamblea ciudadana con el objetivo de implicar a la sociedad en la transición ecológica, así como la obligatoriedad del Gobierno de revisar la sostenibilidad y el cambio climático en las enseñanzas del Sistema Educativo..

- Respecto a las políticas de adaptación, el Gobierno se compromete a aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático que incluya la evaluación de impactos y riesgos para varios escenarios posibles.

- El texto plantea además compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones.