La decisión será tomada por 17 jueces este lunes por la mañana. El Tribunal de Estrasburgo comunicará en lectura pública si liquida la doctrina Parot fijada por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal Constitucional español.

Es la última oportunidad del Gobierno para mantener presos a terroristas como Henri Parot o Troitiño. Si el Tribunal de Estrasburgo deroga la doctrina Parot, más de 50 etarras y 33 asesinos en serie y violadores volverán a ser libres. Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado de Víctimas de Terrorismo considera que "hay un alto grado de que se derogue y es que muchos de los asesinos terroristas y otraos asesinos, violadores y delincuentes muy peligrosos puedan quedar en libertad en muy poco tiempo".

Hasta ahora, había impedido que presos condenados entre 1977 y 1993 obtuvieran beneficios penitenciaros y no cumpliesen el máximo de 30 años de cárcel que la ley española permite. Pero la etarra Inés del Río se negó a aceptar la doctrina Parot en 2008 y recurrió a instancias europeas. El Tribunal de Estrasburgo le dio la razón en 2012 porque no se puede alargar la pena de un preso que ya ha cumplido su condena.

Julián Ríos, Experto en Derecho Penitenciario explica a laSexta Noticias que "no se puede aplicar con carácter retroactivo para endurecer una pena, porque es un recorte de libertades de los presos". El Gobierno lo recurrió, pero la derogación de la doctrina es más que probable y ya ha empezado a generar dudas entre los propios jueces. Dos etarras se han beneficiado de la no aplicación de la doctrina Parot en los últimos días.

El juez Gómez Bermúdez afirma que "se puede cuestionar su retroactividad pero para mí es una doctrina totalmente justa". Una postura que también defendía esta semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que alegaba que "ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo y también para luchar contra otros crímenes".

Si el Tribunal de Estrasburgo deroga la doctrina Parot, el Gobierno perdería una de sus armas claves en la lucha contra el terrorismo y tendría que indemnizar a los presos a los que se la ha aplicado.