El 13 de agosto de 2014, unas 600 personas intentaron llegar a España saltando la valla de Melilla. Uno de los grupos permanece encaramado a la verja durante horas. Algunos, exhaustos, bajaron e inmediatamente la Guardia Civil los devolvió a Marruecos.
El abogado de los migrantes, Gonzalo Boye, asegura que "los agentes les expulsaron a golpes y les llevaron a territorio marroquí por la fuerza". Por eso, dos de los migrantes lo han denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, por primera vez, exige explicaciones a España y que, según Boye, "es un toque de taención que va de camino a convertirse en una condena".
Aseguran que nadie les identificó y tampoco les ofrecieron acceso a un abogado ni a un intérprete. Algo a lo que obligaba la ley de extranjería y también los convenios internacionales, pero no es la primera vez que diversas instituciones internacionales le sacan los colores al Gobierno español. El comisario de los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Nils Muižnieksl, aseguró que no se puede "legalizar algo que no es legal".
Aún así, el ministro del Interior siempre ha sacado pecho y aseguró que si los que le critican "dan su dirección y se comprometen a tratarles con dignidad como seres humanos que son, les eviaremos allí". De hecho, intentó blindar y justificar legalmente las devoluciones en caliente en la ley de Seguridad Ciudadana alegando que los inmigrantes no están en suelo español.
Esto significa, según la responsable del área jurídica de Red Acoge, que "van a ser devueltos sin ningún tipo de garantías, sin la posibilidad de ser escuchados y sin la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia españoles".
Por su parte, Boye afirma que "el Gobierno ha creado una norma para amparar una práctica ilegal que ya venían realizando" . Una polémica ley que el Gobierno español podría tener que cambiar tras el toque de atención del Tribunal europeo de Derechos humanos.