La Comisión Europea ha recordado este jueves a España que si no protege el Parque Nacional de Doñanahabrá sanciones económicas. "Si es necesario, la Comisión podría tomar más medidas para asegurar que España cumpla las reglas", ha advertido Tim McPhie, el portavoz de Medio Ambiente en Bruselas.

Según fuentes comunitarias a la Sexta, la ley que está tramitando el Parlamento andaluz "no va en la dirección correcta", algo sobre lo que ya había advertido Europa en una carta a España, donde apuntaban que "de prosperar se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia."

Una sentencia de 2021, porque el tema de Doñana no es nuevo para Europa: en 2021, el Tribunal Europeo de Justicia ya condenó a España por no poner coto al robo de agua en Doñana, como ha recordado además hoy la Comisión.

Y en la carta, también avisaba de sanciones, de multar a España. Hoy, en privado, las fuentes europeas, repiten, si el presidente andaluz Juanma Moreno no rectifica las sanciones serán inevitables. El Gobierno central teme una multa millonaria.

"Una multa coercitiva supone que cada trimestre, España debe abonar a las instituciones europeas una cantidad importante. ¿Eso quién lo va a abonar, el señor Moreno Bonilla de su bolsillo?", se preguntó ayer en Al Rojo Vivo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Hay un precedente similar al de Doñana. Por la falta de depuración de aguas residuales en algunos municipios españoles, Europa impuso una sanción de 12 millones en 2018, pero como no se ha solucionado, la multa ha ido creciendo y España ha pagado hasta hoy cinco veces más, 63 millones de euros.

Doñana, reserva de la biosfera, se está jugando su futuro en el Parlamento de Andalucía, donde PP y Vox han dado el primer paso para legalizarlos regadíos que, precisamente, roban el agua al humedal. Esta ley se tramitará por vía de urgencia a pesar de la grave sequía que estamos sufriendo, lo que está suponiendo un desastre natural para Doñana.

En la tarde de este miércoles, el Gobierno ha anunciado que pedirá al Tribunal Constitucional que paralice esta polémica ley, un enfrentamiento total, abierto y sin filtros entre el Ejecutivo y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.