Entre aplausos y gritos de ánimo llegaba el exinterventor general para declarar como imputado. En realidad, el centenar de manifestantes esperaba a la puerta de los juzgados a Mercedes Alaya para mostrarle su apoyo.
Pero la jueza decidía entrar por la puerta de atrás para comenzar a tomarle declaración a Manuel Gómez, que ha ratificado lo que ya dijo en la comisión de investigación del parlamento. Tanto Griñán, como su antecesor, Manuel Chaves, estaban al tanto de las numerosas irregularidades en la financiación de las ayudas a los ERE que él mismo advirtió.
Entre esas irregularidades, el exinterventor ha detallado un desfase presupuestario de 93 millones de euros. Pero Griñán ha vuelto a negar que ni uno sólo de esos informes llegara a sus manos.
Algo que no parece creerse la jueza Alaya. Porque durante su interrogatorio ha dado por sentado que el presidente andaluz tenía conocimiento de todas las irregularidades de las que alertó la intervención. Sobre ninguna de ellas Manuel Gómez elaboró un informe de actuación que frenase el procedimiento. Y ha negado que fuera por presiones políticas.