Los toros han hecho que imputen otra vez a Carlos Fabra por prevaricación y malversación de fondos públicos, por lo que deberá sentarse de nuevo ante el juez el próximo 17 de marzo.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha citado a declarar al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al exvicepresidente primero y diputado provincial Francisco Martínez como imputados en una causa abierta en relación con la corrida de toros de la Beneficencia.
Los hechos se remontan a cuando Carlos Fabra ejercía como presidente de la Diputación de Castellón y Martínez, recientemente destituido de su cargo por "pérdida de confianza" por parte del actual presidente de la institución, Javier Moliner, era vicepresidente y persona de confianza de Fabra. La corrida de la Beneficencia era una celebración taurina creada por Fabra y cuyo sistema de recaudación de entradas generó polémica, ya que éstas se enviaban directamente a los ayuntamientos y se les descontaba el importe de las mismas del cobro de tributos.
El método de cobro fue investigado por la Fiscalía y en junio de 2013 el TSJCV condenó a la Diputación a abonar al Ayuntamiento de Vila-real los 19.850 euros cobrados mediante compensación por unas entradas que no llegaron a comprar. La sentencia observaba además "indicios" de un "ilícito penal" en la actuación de la corporación provincial "por malversación de caudales público y/o por prevaricación".
Ante estos indicios, el alto tribunal valenciano remitió esta resolución a la Fiscalía para que se depuraran "las responsabilidades a que hubiere lugar". Ahora, el citado juzgado vilarrealense ha citado a declarar a Fabra y a Martínez como imputados en relación a estos hechos, aunque todavía no ha trascendido el o los delitos a los que se enfrentan.
Con esta imputación, Carlos Fabra volverá a la Ciudad de la Justicia de Castellón de nuevo en calidad de imputado, después del proceso que le juzgó por delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos fiscales, el pasado mes de octubre.
Fabra fue finalmente condenado a cuatro años de prisión y a una multa de cerca de 700.000 euros por cuatro delitos fiscales, y fue absuelto del resto de delitos de los que se le acusaban. Martínez, por su parte, fue destituido la semana pasada en su cargo de vicepresidente primero y responsable del Área de Infraestructuras de la Diputación después de que Moliner tuviera conocimiento de que la depuradora de Borriol iba a construirse en unos terrenos propiedad de una empresa del hijo de Martínez, de la que éste, además, es poseedor de un tercio de las participaciones.