El gobierno trabaja contrarreloj para ultimar una ley que permita aforar al rey lo antes posible. Lo hace, según ‘La Razón’, negociando con el PSOE una proposición de ley conjunta que se tramitaría de urgencia y que no pasaría por el Consejo de Ministros. Por lo menos hasta julio, el rey no tendrá un trato judicial especial a pesar de que la vicepresidenta insistió en que don Juan Carlos sigue teniendo inviolabilidad total.
Es una de las consecuencias legales de la abdicación del rey. Desde que don Juan Carlos cede la corona carece de la protección judicial que marca la Constitución. El Gobierno espera tener -en unas semanas- la fórmula para impedir que el rey quede sin aforamiento como el que tienen diputados o senadores. Pero, en todo caso, el blindaje de todas sus actuaciones anteriores como rey no lo pierde.
Lo que queda en el aire, sin protección especial, es todo aquello que don Juan Carlos haga en el tiempo transcurrido desde el momento en que se apruebe la abdicación, hasta que el Gobierno ultime la ley que le dé un aforamiento especial para que solo tenga que responder, dado el caso, ante el Supremo.
"El actual rey Juan Carlos, pasa a ser el ciudadano don Juan Carlos. Es decir, un sujeto que tendrá que responder de los actos que cometa como ciudadano normal y corriente", asegura Fernando Álvarez-Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.