La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 8.783.898 euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos por los cinco expedientes de su grupo empresarial en Andalucía. La juez, en un auto, recoge que la familia Ruiz Mateos pagó 600.000 euros al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas por cada uno de los expedientes en los que medió y que le pagaron en dinero B, en entregas quincenales de 20.000 o 25.000 euros y en billetes de 500.
La fianza civil se impone de manera solidario entre Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz Mateos Rivero. De cada una de las ayudas responderán de manera subsidiaria las empresas Zoilo Ruiz Mateos, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes. Dice la juez que desde que en el año 2003 compraron el Hotel Cervantes, los imputados junto con su padre "se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretendían, con evidente ánimo de lucro, la financiación de la Junta de Andalucía".
La Junta pagó, con cargo al programa 31 L, 1.100.000 euros a la empresa Zoilo Ruiz Mateos, 10.594.159 a Dhul, 3.807.300 euros a Complejo Bodeguero Bellavista y 6.485.785 al Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). Respecto a este último centro de trabajo, los hermanos Pablo, Álvaro, Francisco Javier, Zoilo, José María y Alfonso "conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas de dos personas ajenas al hotel, que fueron contratadas pocos meses antes de solicitar el ERE" y que eran antiguos trabajadores de otras sociedades del grupo Rumasa.
En cuanto a Dhul, el ERE fue aprobado en mayo de 2002 por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya imputado, y el consiguiente convenio de colaboración preveía unas ayudas de 7.605.282 euros, "sin que en dicho expediente se hubiera presentado solicitud formal de ayuda sociolaboral", dice Alaya. La cuantía de dicho expediente fue ampliada "sin justificación alguna, a instancias de Dhul y a costa de la Junta de Andalucía, en 2.399.785 euros", añade.
Esta cantidad, que supuestamente respondía a un coste adicional de las prejubilaciones, se destinó en realidad a la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo este que presuntamente "conocía la administración", según el auto.