El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo, toda vez que son los mismos magistrados que ya dijeron que había actuado con "desviación de poder" al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.

García Ortiz ha presentado un incidente de recusación en el que solicita que cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se hagan cargo de dicho recurso. Una petición que ha sido presentada a título personal por el propio fiscal general y no por la Abogacía del Estado.

Se da la circunstancia de que los cuatro magistrados que García Ortiz pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la Sección Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales.

En este caso, no se ha recusado a la quinta magistrada que conforma dicha Sección, dado que no participó en la deliberación y fallo del pasado noviembre relativa a la designación de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, que es en la que se basa el incidente de recusación.

En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 227, contempla que será la conocida como 'Sala 61' la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por García Ortiz.

Esta Sala Especial cuenta con 15 magistrados: el presidente interino del Supremo, los presidentes de Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de dichas Salas.

La APIF recurrió su renovación

El recurso en cuestión lo presentó la APIF el pasado febrero contra el Real Decreto por el que el Gobierno renovó a García Ortiz al considerar que el fiscal "no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, según indicó en una nota de prensa.

La asociación mencionó la anulación del nombramiento de Delgado e incidió en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió "privar" al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. También recalcó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso a su renovación al no considerarlo idóneo para el cargo.

Además, hizo hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, para APIF, "si bien podría haber concurrido" en García Ortiz, "decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento".