El juez Castro, que lleva tres años al frente del caso Nóos, podría quedar fuera de la instrucción. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha solicitado que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Valencia si se produce la imputación de Francisco Camps y Rita Barberá.
El expresidente de la Generalitat Valenciana y la alcaldesa de Valencia, como aforados, sólo pueden ser encausados por dicho tribunal. Y en opinión del fiscal, eso debe suponer que el alto tribunal asuma por completo la competencia del caso.
"En los casos de conexión delictiva entre personas con fuero y otras que no ostenten dicho privilegio, cuando no pueda escindirse la causa, sea el Tribunal Especial el que arrastre para sí la competencia", suscribe la petición de la fiscalía.
Para los juristas, la concesión de dinero público de manera irregular para los negocios de Iñaki Urdangarín afecta a dos administraciones, la valenciana y la balear, y por tanto, podrían ser dos causas diferentes.
"La petición de la fiscalía es discutible procesalmente porque hay dos administraciones públicas diferentes que han entregado fondos al instituto Nóos, y en este caso se plantearía un conflicto de competencias que tendría que ser decidido por el Tribunal Supremo", explica Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia.
La defensa de Urdangarín prefiere esperar a la decisión final para pronunciarse. "Tengo varias opiniones al respecto, pero hay que ver cual es la única válida, que es la del Tribunal Superior", dice el abogado de Urdangarín, Mario Pasqual Vives.
Los socialistas valencianos hacen una lectura política de este vuelvo del 'caso Nóos', y aseguran que el Tribunal Superior de Valencia, el mismo que absolvió a Camps, lo controla el PP.
Si se lo acaban solicitando, el juez Castro debería inhibirse en favor del alto tribunal valenciano, que sería quién acabaría adoptando una de las últimas decisiones que le quedaba pendiente al juez: la imputación o no, de nuevo, de la infanta Cristina.