El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, considera que no ha habido delito por parte de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y el resto de imputados en el caso de las dietas de Caja Navarra, sobre cuya investigación debe pronunciarse el Alto Tribunal.
El fiscal no ha encontrado indicios racionales del delito de cohecho impropio, como entiende que puede existir la jueza de Pamplona María Paz Benito que investigó el caso, para abrir la investigación.
El fiscal asegura que las cantidades que percibió Barcina como miembro de la Comisión Permanente de la Junta de Fundadores de Caja Navarra no pueden ser considerados dádivas o regalos ni que se cobraran sin contraprestación alguna.
En su opinión, no recibió las dietas por el cargo público que ostentaba, primero como alcaldesa de Pamplona y luego como presidenta de Navarra, ya que las cajas de ahorros son entidades privadas y los cargos públicos que acceden a sus consejos de administración desarrollan allí una labor privada y no publica.
El fiscal también destaca el hecho de que la presidenta decidiera devolver las dietas cobradas refleja su buena fe y es una prueba de la ausencia de culpabilidad en su actuación.