La Fiscalía Superior de Andalucía considera que el presunto fraude en los cursos de formación de Andalucía podría no ser algo excepcional.
El fiscal habla de "falta de control generalizada" en la concesión de las ayudas entre 2009 y 2010. Según el fiscal, la oficina de Empleo no justificó 300 millones de euros concedidos a las empresas de formación.