La Fiscalía General del Estado ha trasladado una nueva investigación sobre el rey emérito de Anticorrupción al Supremo, donde ya hay abierta una investigación sobre el supuesto pago decomisiones al rey por el AVE a La Meca.

La institución que dirige Dolores Delgado no ha informado del contenido de esa investigación, aunque se ha informado de su traslado al fiscal del Supremo justo el mismo día que elDiario.es publica que Anticorrupción investiga los gastos de unas tarjetas de créditoopacas por parte de los reyes eméritos y algunos de sus nietos.

Según apuntan desde la Fiscalía a laSexta, existen inexactitudes en lo publicado por ese diario digital, pero no especifican más.

La Fiscalía del Supremo ya asumió el pasado mes de junio la investigación iniciada por Anticorrupción "al resultar involucrado -como en este caso- en los hechos investigados, el hoy Rey Emérito, D. Juan Carlos de Borbón, aforado ante el Tribunal Supremo", apuntan en una nota, que mencionan únicamente al rey Juan Carlos.

De ahí, explican, que se haya decidido remitir "la tramitación de las diligencias, al igual que en las anteriormente citadas, al Fiscal de Sala Jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, Delegado de delitos económicos, para que junto con los fiscales que designe, continúen la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción".

Además, se ha abierto una investigación interna por la filtración de la información sobre las tarjetas opacas que publica elDiario.es. Esa investigación se abrió el 29 de octubre pasado.

Según la información de elDiario.es conocida este martes, lo que Anticorrupción había empezado a investigar son los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos, la reina Sofía y también algunos de sus nietos. También el origen de los fondos con los que se cubrían, ya que es un dinero procedente del extranjero.

Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores a su abdicación -corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, según las fuentes del periódico, y él abdicó en 2014- por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En cualquier caso, estos posibles delitos no están relacionados con la investigación judicial sobre esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen.