La Fiscalía Europea investiga a Begoña Gómez por tres delitos distintos: tráfico de influencias, prevaricación y malversación. En concreto, trata de esclarecer si tras las adjudicaciones públicas a las que accedió el empresario Juan Carlos Barrabés, previa recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, se cometieron dichos delitos.
Esta investigación se abrió a partir de una denuncia realizada por el colectivo Hazte Oír. Entre las diligencias secretas que se están practicando, está el registro en la empresa pública Red.es que tuvo lugar el pasado miércoles 5 de junio.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en Red.es por orden de la Fiscalía Europea con el objetivo de recabar correos electrónicos relacionados con las contrataciones a Juan Carlos Barrabés.
Desde el pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea investiga si la denuncia contra Begoña Gómez afecta a los contratos suscritos con fondos europeos.
Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.
El organismo pidió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley".
En concreto, solicitó los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid hayan adjudicado a la mercantil Innova Next, que ascienden a 10 millones de euros. Se está investigando si estas adjudicaciones pudieron verse influenciadas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez.
Gómez, citada a declarar el 5 de julio
La investigación de la Fiscalía Europea transcurre en paralelo a las diligencias previas que mantiene abiertas el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, donde Begoña Gómez ya tiene la condición procesal de imputada.
La mujer del presidente del Gobierno ha sido llamada a declarar el próximo 5 de julio por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Gómez acudirá con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento.
Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España.