La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación para determinar si la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pudo cometer un delito de prevaricación al no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ordenó en 2020 la demolición de un inmueble del municipio. Así lo ha avanzado 'eldiario.es' y ha podido confirmar laSexta.
De acuerdo con el citado medio, en 2009 se dictó una sentencia que obligaba al Consistorio a demoler un edificio ilegal levantado durante el mandato de Jesús Gil. El TSJ emitió una orden de demolición en 2020, impuso una multa de 1.000 euros a la alcaldesa y remitió el asunto a la Fiscalía Provincial de Málaga, que a su vez lo derivó a la del Supremo, puesto que Muñoz está aforada al ser senadora.
No es el único problema que arrastra la regidora marbellí, a quien la Comisión de Incompatibilidades del Senado ha decidido llamar en audiencia para que explique el incremento de su patrimonio. Además, Muñoz se ha visto salpicada por la implicación de su difundo marido y su hijastro en una trama de blanqueo de dinero del narcotráfico. Pese a ello,