La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al rey emérito por delito fiscal y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, aunque en Fiscalía tienen dudas sobre este último delito.

Asume así la investigación iniciada por Anticorrupción por las presuntas comisiones irregulares cobradas en la construcción del AVE a la Meca al detectar que una de las personas involucradas en los hechos investigados es el rey emérito don Juan Carlos.

El Ministerio Público ve posibles indicios de delitos e investigará si los hechos posteriores a junio de 2014 -cuando el rey emérito abdicó- tienen relevancia penal. Según ha podido saber laSexta, se están investigando dos ingresos: 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudía a Juan Carlos en 2008 y 65 millones de euros del rey a Corinna en 2012.

"Delimitar o descartar la relevancia penal" de los hechos posteriores a junio de 2014

La investigación se refiere en la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado "AVE del desierto" que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

Esta investigación se centra en "delimitar o descartar la relevancia penal" de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito abdicó y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado y, dado su carácter de aforado, es necesario que se asuma en el Supremo. "Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", especifica la nota de la Fiscalía General.

El elegido para dirigir esta investigación es el fiscal de Sala de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos, que estará auxiliado por otros tres fiscales del Supremo.

El origen: las conversaciones de Corinna

Fue la apertura de la pieza 5 del 'caso Tándem' en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros tras la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.

Corinna destacaba que ella había insistído en que Juan Carlos I no recibiera ese dinero de origen iraní porque "podía ir a la cárcel por lo que estaba haciendo". Pero el rey, lejos de rectificar, responde: "Es que eres tan alemana...".

La pieza 5, conocida como 'Carol', se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba don Juan Carlos en el momento de los hechos por ser jefe del Estado.

A pesar del archivo de esta pieza, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial. El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del 'caso Tándem', por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias.

Ahora, Anticorrupción esperaba el resultado de la comisión rogatoria remitida a Suiza hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, pero se ha decidido su traspaso al Supremo al tener en cuenta que, al afectar las peticiones de información que podrían afectar a Juan Carlos I, era mejor que el asunto se residenciara ya en el departamento fiscal al que correspondería finalmente la causa en el caso de que ésta fuera judicializada