Según ha informado el Parlament en un comunicado, con estas dos reuniones la presidenta finalizará la ronda de contactos con los líderes parlamentarios y propondrá un candidato a la Presidencia de la Generalitat.
El único grupo con posibilidades para investir a un presidente es JxSí, que propondrá a Artur Mas, pero hasta ahora ninguna formación se ha mostrado dispuesta a apoyarle, incluido el otro grupo independentista del Parlament, la CUP.
Tras las reuniones con JxSí y la CUP, Forcadell reunirá a mediodía a la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces, y pondrá una fecha para el primer pleno de investidura, que con toda probabilidad será el lunes 9 de noviembre, el plazo límite.
En esta reunión también podría ponerse fecha al pleno en el que debatir la resolución soberanista de JxSí y la CUP. El lunes 9 de es una fecha importante para el soberanismo, ya que se cumple el primer aniversario de la celebración del proceso participativo sobre la independencia de Catalunya, un proceso por el que el presidente Mas está imputado.
A partir de la celebración del primer pleno de investidura, JxSí tendrá dos meses para llegar a un acuerdo con la CUP; si no lo logra, el 9 de enero deberán volverse a convocar unas elecciones catalanas, para la primavera de 2016.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha replicado en un comunicado a la Generalitat catalana que los pagos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se están transfiriendo puntualmente cada mes, sin retrasos y según las propuestas que realizan las propias comunidades autónomas.
El ministerio que dirige Cristóbal Montoro responde de este modo al departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, que defendió su derecho a recibir de Hacienda, a cuenta del FLA, unos 2.600 millones de euros correspondientes, básicamente, al exceso de déficit acumulado en 2014 por Cataluña, que según los últimos datos fue del 2,75 %, frente al 1 % permitido.
Según el ministerio, no se puede decir que exista ningún retraso en estos abonos, que se hacen a los proveedores y a los acreedores financieros por los vencimientos de deuda.