La operación urbanística en unos cuarteles de Defensa en la calle Raimundo Fernández Villaverde promovido por una cooperativa y que tenía el visto bueno de la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible con los votos a favor del PP y Ahora Madrid ha causado la primera división interna en el grupo de Carmena.
Tras una intensa discusión en la que se han sucedido los reproches entre los grupos, han votado en contra de la operación seis de los veinte concejales de Ahora Madrid: Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato, Rommy Arce, Yolanda Hernández, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán.
Este proyecto urbanístico había generado división interna en Ahora Madrid -un partido instrumental en el que conviven políticos de Ganemos, Podemos, IU y Equo, entre otros-, que se ha evidenciado cuando el PP ha pedido la votación por mano alzada de cada uno de los ediles.
Las mismas fuentes han explicado que el seno de Ahora Madrid ha vivido capítulos de diferencias internas en anteriores votaciones que, como se solventaron de forma conjunta, no tuvieron visibilidad.
La propia portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha apuntado al término del pleno que ya sucedió algo similar en el pleno que debatió sobre la situación política de Venezuela. Finalmente, el plan urbanístico ha salido adelante gracias al resto de los concejales de Ahora Madrid -salvo el de Inés Sabanés, ausente por enfermedad- y a los votos de los concejales del PP y los de Ciudadanos.
Para levantar la urbanización de lujo, cuyo plan parcial de urbanismo finalmente se ha aprobado, era necesaria la demolición de la antigua sede del Taller de Precisión de Artillería, un edificio del siglo XIX de interés cultural.
Protestas de varios colectivos retrasaron la aprobación del plan -cuyo dictamen obtuvo el visto bueno previo a la aprobación definitiva en la comisión de Urbanismo- y llevaron al Ayuntamiento a organizar una mesa informativa a la que invitó a todas las partes implicadas.
Diferentes asociaciones habían protestado por varias de las condiciones de la operación, entre ellas la decisión de la cooperativa de pagar a la administración para no tener que ceder el 10 % del solar al Ayuntamiento, una posibilidad que recoge la ley.