El exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en los ERE, ha asegurado que la Intervención General y la Consejería de Hacienda avalaron en 2005 el sistema de ayudas que se concedían.
En su declaración voluntaria ante la nueva juez del caso, María Núñez, Guerrero ha asegurado que ese aval lo obtuvo en una reunión celebrada en 2005 a la que asistió el interventor Manuel Gómez, la viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el director general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados.
El exdirector general, que está acusado de cohecho, prevaricación y malversación, ha asegurado que en esa reunión se acordó que "se siguiera trabajando con el mismo sistema" y ha apuntado que "nadie puso pegas" a esa continuidad en el procedimiento de concesión de las ayudas.
En la reunión, celebrada a instancias de Barberá, se concluyó que "no había razones de legalidad" que motivaran un cambio en el sistema de concesión de ayudas, algunas realizadas a través de transferencias de financiación, ha asegurado Guerrero antes de apuntar que la última palabra entre los presentes la tuvo la viceconsejera de Hacienda.