El Gobierno no descarta emprender acciones judiciales contra la ley andaluza que prevé expropiar temporalmente viviendas a los bancos, para evitar los desahucios. El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón ha pedido tiempo para estudiar si es constitucional.

Para Eduardo es su última esperanza. Ya tiene su orden de desahucio, pero ahora confía poder seguir viviendo en su casa gracias a la medida impulsada por la Junta de Andalucía. “Ahora me veo un poco más representado, veo que los políticos están ahí para nosotros”, explica este afectado por una orden de desahucio.

La Junta de Andalucía expropiará a los bancos aquellas casas que vayan a ser desalojadas por los impagos de los propietarios. Dejarán que sigan viviendo y pagarán al banco una pequeña cantidad de la deuda.

"Ahora me veo un poco más representado, veo que los políticos están ahí para nosotros"

Para acogerse a la medida habrá que estar en situación de exclusión social, pero a los bancos no les ha gustado la medida, dicen que ellos ya ofrecen suficientes soluciones. “No ha habido un solo caso de impago de vivienda donde no se haya ofrecido un alquiler”, asegura un representante de la banca.

Alrededor de un millón de viviendas están vacías, y para acabar también con eso el Gobierno andaluz multará a bancos y constructores que no saquen los pisos a la venta o a alquiler, y la sanción puede llegar a los 9.000 euros.

“Es absolutamente aberrante que se le quiera sancionar porque no vende la vivienda y no puede vender la, en muchos casos porque la Junta no le paga a los promotores y a los compradores lo que le debe”, reflexiona Juan Aguilera, gerente de Gaezco.

Estas valientes medidas ya están generando polémica. Algunos expertos juristas creen que es inconstitucional. “La medida vulnera la Constitución ya que la Junta de Andalucía invade competencias del Estado”, explica Javier Gálvez, abogado especialista en derecho Administrativo.

Por su parte, el Gobierno considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado que estudiará "el encaje legal" de las medidas anunciadas por Andalucía.