La Generalitat ha respondido a la imputación de Mas, decisión que ha calificado de "juicio político". El Tribunal de Justicia de Cataluña ha citado a Mas a declarar por indicios de desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones en la convocatoria del 9N.
Lo cita en calidad de querellado, que en la práctica es la misma figura que la del imputado y fija la fecha de la declaración para el 15 de octubre. Neus Munté, portavoz en funciones de la Generalitat, ha dicho que se trata de "unjuicio político" y ha añadido que hay "instrumentación política de una querella".
Antes de conocer la situación, el propio Artur Mas echaba la culpa a Gobierno español. Mas ha encontrado el apoyo de la CUP, que separa la negativa a investirlo como President con lo que considera un ataque a las instituciones catalanas. "No queremos que sea president Artur Mas pero estamos en contra de la imputación", ha explicado Antonio Baños, portavoz de la CUP.
Desde ERC, Oriol Junqueras ha apuntado que "es la mejor demostración de por qué tenemos que ser un estado independiente". Por su parte, Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha explicado que la imputación se produce en este momento para no interferir en el proceso electoral.
En el PSOE, la posición la fija Susana Díaz: "La solución a nuestra crisis territorial tiene que estar en la política, ser capaces de estar a la altura del momento que está viviendo nuestro país", ha explicado.
Para Podemos, el Gobierno comete una torpeza al avivar el enfrentamiento en los tribunales. Ciudadanos encuentra un motivo más para que finalmente dimita. "No me cabe ninguna duda de que Artur Mas va a aprovechar cualquier cosa para intentar no irse", ha afirmado Albert Rivera.
A lo que se enfrenta Artur Mas es a una pena de entre nueve y 18 años de inhabilitación y a una pena de entre seis meses y un año de cárcel.