Golpe de timón en el criterio del Gobierno de la Generalitat de Cataluña: finalmente, sí avalará, gracias al patrimonio de una entidad pública (el ICF: Instituto Catalán de Finanzas), las fianzas de todos los altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, durante la sesión de control de este miércoles en el Parlament regional. Según Giró, han sido los propios trabajadores del ICF los que se han ofrecido para sufragar con los fondos públicos los 5,4 millones reclamados a 34 excargos de la Generalitat.

Es un cambio de última hora y a contrarreloj, puesto que el plazo para pagar las fianzas de los acusados de malversar dinero público por la propaganda internacional y la acción exterior llevada a cabo entre los años 2011 y 2017, previa al referéndum del 1-O, por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, vence en la medianoche de este miércoles.

Los trabajadores del ICF "han pedido que por ellos no quede"

“Tenemos una buena noticia”, ha comentado Giró durante el pleno del parlamento autonómico. “En la rueda de prensa [de este martes] dije que, por prudencia, queríamos proteger a los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas y no utilizar el fondo para cubrir esas contingencias”, ha continuado.

Lo cierto es que esa utilización del dinero público está prevista como un mecanismo incluido en el decreto-ley aprobado para defender a los cargos del Govern en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, su uso o no ha generado un cisma entre los socios de la Generalitat, ERC y JxCat.

En las últimas horas, no había acuerdo. Sin embargo, el giro de 180 grados se ha consumado gracias, según ha argüido Giró, por “las llamadas de gente del ICF, que han pedido que por ellos no quede” y que sí se utilice “esa disposición adicional”. “Eso es lo que haremos”, ha sonreído el consejero.

Una jugada con riesgo legal para avalar a Mas o Puigdemont

“Al president Aragonès le parece bien esa medida”, ha añadido. “Utilizaremos con la generosidad de la gente del ICF”. Está por ver si tanto el Gobierno de España como el propio Tribunal de Cuentas están de acuerdo con la jugada y no la recurren legalmente.

Cabe recordar que entre los encausados por el Tribunal de Cuentas están los expresidentes Mas y Puigdemont o los exconsejeros Andreu Mas-Colell, Francesc Homs y Raül Romeva, entre otros.