El Gobierno ha mostrado su respeto por la decisión del Supremo de mantener las penas del procés a pesar del cambio del Código Penal y ha afirmado que esta resolución corrobora lo que ha sostenido el Ejecutivo siempre: con la derogación del delito de sedición no se produce una "despenalización" de los hechos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que el auto del Tribunal Supremo, que mantiene las condenas de inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por haber malversado dinero público para el "procés", demuestra que con la nueva redacción del Código Penal "siguen existiendo penas" y "han de cumplir con la justicia en nuestro país".
Ha subrayado además que uno de los "objetivos importantes" para el Gobierno con la reforma era homogeneizar las penas y los tipos delictivos para facilitar los posibles procesos de extradición.
Rodríguez ha valorado el "diálogo" puesto en marcha por el Ejecutivo porque se ha logrado que "lo que antes era un conflicto político traspasó las fronteras" y llegó a ser "un problema" en el ámbito judicial, "hoy está en la senda de la convivencia".
"La Cataluña del año 2017 nada tiene que ver con la Cataluña de hoy", ha insistido Rodríguez para subrayar que la comunidad catalana "forma parte prioritaria de la acción" del Gobierno y que la sociedad catalana ha evolucionado hacia esa dirección y no quiere retroceder.