El Gobierno ha hecho un guiño a las víctimas del terrorismo. A tan sólo dos días de que se manifiesten contra la revocación de la 'Doctrina Parot', el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Estatuto de la Víctima, que permitirá mejorar la asistencia jurídica y social de las víctimas.
Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y beneficios penitenciarios de sus agresores, según el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito que ha sido hoy aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la ley pretende ofrecer a las víctimas y a sus familiares una respuesta lo más amplia posible "no sólo jurídica sino también social", a todos los problemas que se les puedan plantear con independencia de la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que sufrieron y a si están personados en un proceso judicial o no.
El Estatuto de la Víctima del Delito dota de más derechos procesales a las víctimas, que, a partir de la aprobación de esta ley, podrán recurrir el archivo o sobreseimiento de los casos aunque no estén personadas. Atribuye también el derecho de la víctima a que se le proporcione información del proceso penal en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo puede acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.
El anteproyecto reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada. Para ello, recibirá información de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro.
Se contempla que puedan ejercer la acusación y la acción civil y tener la posibilidad de que se regule el sistema de reembolso de gastos, que la restitución de bienes sea efectiva y rápida y que se pueda recurrir a los servicios de justicia reparadora. Según el anteproyecto, este tipo de mediación sólo será posible si la víctima consciente y el infractor realiza reconocimiento previo de los hechos y de su responsabilidad. En cualquier caso, sus conversaciones serán confidenciales.
A las víctimas residentes en otros países de la Unión Europea, se les facilitará que puedan prestar declaración inmediatamente y se recurrirá en lo posible a sistemas de videoconferencia en sus intervenciones posteriores.