Después de cuatro intentos frustrados, esta es la primera ley de acción exterior de la democracia que ve la luz. Ahora será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, cuya redacción se ha encargado al Real Instituto Elcano.

"Se trata de que tengamos una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura", ha resumido el jefe de la diplomacia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta norma persigue que la política "sea única y no un sumatorio de actuaciones", ha dicho García-Margallo. El proyecto de ley se remitirá ahora a las Cortes tras superar un trámite de audiencia pública y después del informe favorable del Consejo de Estado que lo ha declarado "absolutamente constitucional", en palabras del ministro de Exteriores.

García-Margallo lo ha definido como un "proyecto abierto" que en las Cortes "podrá ser modificado gracias a la acción y actuación de las distintas fuerzas políticas representadas".

Esta norma ha recibido las críticas de algunas comunidades autónomas, entre ellas de Cataluña, que quieren tener encaje en la política exterior de España. Sin embargo, el ministro ha recordado que se ha reunido con prácticamente todas las autonomías y "por supuesto" con Cataluña, Galicia y País Vasco para explicar el enfoque de la ley, que obliga a los gobiernos autonómicos a informar al Ejecutivo central de sus viajes y de la apertura de oficinas en el extranjero.

"Estoy seguro de que nos vamos a entender", ha señalado García-Margallo, quien ha defendido la necesidad de actuar "todos juntos de forma armónica y recreando sinergias" porque "es bueno para todos, para el Estado".

"Se trata de que tengamos una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura"

El objetivo de regular esos viajes y visitas al exterior persigue, según el proyecto de ley, que el Gobierno facilite apoyo en su ejecución y emitir "recomendaciones" acerca de la adecuación de esas actuaciones a las directrices, fines y objetivos de la política exterior española.

También reconoce no sólo la capacidad de las CCAA para establecer oficinas en el exterior, sino que además las anima a integrarse en los locales del Servicio Exterior del Estado como medida "para coadyuvar a la mayor austeridad en el gasto público".

En este sentido, el ministro ha subrayado que de los mensajes que le han trasladado desde la Generalitat entiende que esta ley "no debe suponer ningún aumento de la conflictividad" con esa autonomía "sino todo lo contrario" ya que se ofrece a las CCAA "oportunidades que no tenían hasta ahora".

Los objetivos de la ley son una mayor coordinación entre los distintos sujetos, el refuerzo de los procesos colegiados de toma de decisiones, un uso eficiente de los recursos evitando duplicidades y fomentando ahorros en un contexto de "perspectivas financieras difíciles", ha explicado el titular de Exteriores.

Para ello se necesita, ha continuado, una "visión estratégica común y una consistencia de las acciones, de tal manera que la acción exterior no sea un sumatorio de actuaciones dispersas".

El proyecto de ley refuerza la capacidad del Gobierno, como director de la política exterior, para coordinar la acción exterior, que realizan muchos agentes en ejercicio de sus competencias: la Corona, el Ejecutivo, las Cortes, las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de Seguridad, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades, los ayuntamientos y los organismos públicos.

También revitaliza el Consejo de Política Exterior y su Consejo Ejecutivo, establece instrumentos de planificación que permitan que la acción exterior sea integrada, y una plena conexión entre la acción exterior y la política exterior.

Concibe además el Servicio Exterior como el instrumento fundamental para la ejecución de la política exterior y la acción exterior al integrar en él a todos los órganos de la administración general del Estado que actúan fuera de España. Y consagra así a los embajadores como los órganos directivos a los que corresponde la coordinación de todos ellos.