​Interrumpir el embarazo, incluso por cuestiones médicas forzosas, es prácticamente imposible en hospitales públicos. Sólo el 15% de los abortos se realizan en centros públicos, el 85% restante tiene lugar en centros concertados o privados.

Cuentan con médicos objetores en su mayoría, así que se programan en clínicas especializadas. Es ahí donde el 89% de mujeres asegura haberse sentido acosada y un 75% incluso amenazada.

El Congreso está a favor de penalizar este tipo de acoso, sumándose así a otros países como Francia, donde se ha establecido una multa de 30.000 euros e incluso prisión para quienes impidan el acceso.

A día de hoy, continúa existiendo el acoso a mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo. A las puertas de una clínica, laSexta ha podido grabar a siete mujeres mientras rezaban, aseguraba una de ellas, "por la conversión de las almas relacionadas con el aborto".

Reconocen que otros grupos denominados "rescatadores" se acercan a charlar con las mujeres que acuden a abortar "para plantearles alguna otra opción que no haya contemplado". Una práctica prohibida en Alemania, Francia, Austria o el Reino Unido, y que podría tener los días contados en España.

María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de Mujeres Juristas Themis, asegura que para muchas mujeres es inexplicable que no se impida el acoso, "un hostigamiento en un momento complicado de sus vidas".

En uno de los folletos que reparten se afirma que el aborto provoca psicosis, trastornos bipolares o abuso de drogas, algo que incluso podría afectar a la salud de la mujer. Según Guillermo González Antón, presidente de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, "alterar a una mujer cuando va a ser sometida a una intervención es peligroso".

El Congreso está a favor de penalizar este tipo de acoso. De hecho, solo PP y Vox se oponen a prohibir este hostigamiento. Para ello argumentan que cercena la libertad de expresión de los grupos contrarios al aborto.

Sin embargo, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, asegura que "intimidar y obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto no es ejercer el derecho a la manifestación".

El Gobierno ya está preparando una reforma de la ley, ya que aunque la actual garantiza "a todas las mujeres por igual, el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan", en 2019 4.300 mujeres de 12 provincias tuvieron que desplazarse a otro territorio para abortar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado en este sentido la necesidad de que "haya especialistas en todos los hospitales públicos de nuestro país que puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo".

El primer paso, sostiene el letrado Joaquín Urías, es regular la objeción de conciencia: "El ejercicio de los médicos a la objeción de consciencia no puede obstaculizar el buen funcionamiento del sistema sanitario".

El 85% de los abortos en España se practican en clínicas privadas y en cinco comunidades autónomas no hay posibilidad de hacerlo en el sistema público. Concretamente, son la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla La-Mancha, Aragón y Extremadura.

La reforma eliminará los tres días obligatorios de reflexión, y tampoco se exigirá permiso paterno y materno para que las menores de 16 y 17 años aborten.