El documento señala que España pondrá en marcha una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y para lograr una progresiva convergencia con la media de la UE en tributación ambiental.
Los ingresos procedentes de impuestos ambientales representaban en España el 1,85 % del PIB en 2014 -cifra claramente inferior al 2,46 % de media del conjunto de la UE-, una tasa que espera aumentar el Ejecutivo con esta medida, adelantada hoy por el diario El País.
Otras medidas para aumentar los ingresos y, por tanto, ayudar a reducir el déficit público, se refieren a la lucha contra el fraude fiscal. En esta materia se inscribe un nuevo sistema de suministro inmediato de información en el IVA que proporcionará 350 millones adicionales en 2017 y otros tantos en 2018, según los cálculos del Gobierno.
Este sistema obligará a las grandes empresas a remitir a partir del 1 de julio de 2017 el detalle del registro de facturas que se deben hacer constar en el Libro Registro de facturas del IVA en un plazo de 4 días.
Además, durante el segundo semestre también deberán suministrar a Hacienda la información del primer semestre del ejercicio. El Gobierno espera recaudar otros 150 millones de euros mediante una modificación de la regulación de la publicación de las listas de morosos a la Hacienda Pública que prevé la posibilidad de no incluir en esa relación a quienes efectúen el pago, incluso tras haberles sido comunicada su próxima inclusión en dicho listado.
