El Gobierno ha manifestado su "reproche general" al informe aprobado este lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la situación de los presos del procés, ya que, según el Ejecutivo, "cuestiona la libertad de expresión de los políticos en España".
Dicho informe, que aborda tanto la situación de los políticos kurdos encarcelados en Turquía como la de los independentistas catalanes en prisión, insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación" de los políticos independentistas presos, una medida de gracia que, precisamente, Pedro Sánchez ha anunciado oficialmente este mismo lunes.
No obstante, el texto, aunque reconoce que España como "una democracia viva con una cultura de debate público libre y abierto", pide al Gobierno "considerar la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición" contra Carles Puigdemont y el resto de políticos huidos de España, así como abandonar los procesos aún en curso de funcionarios de rango inferior.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores califica de "incoherentes" precisamente estas recomendaciones que "instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes", algo que -advierte- "choca con el respeto al principio de separación de poderes".
En este sentido, también critica que la Asamblea no aprobase sendas enmiendas a las citadas recomendaciones "que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones" y que, insiste el Ministerio, "chocan directamente" con ese "principio básico".
En su nota, el departamento que dirige Arancha González Laya asimismo afea que en el documento "persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas". Una idea que, según Exteriores, "sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator".