"Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Una decisión que exigirá seis semanas de preparación y que las organizaciones defensoras de los derechos humanos celebran. Para Médicos del Mundo, el decreto del Gobierno del Partido Popular en 2012 no ha supuesto un ahorro económico y sí un desastre humano.
"Ha habido un exceso de mortalidad de un 15% en las personas migrantes indocumentadas, las personas que quedaron fuera del Sistema Sanitario", afirma José Felix Hoyo, de 'Médicos del Mundo'.
Las dolencias por no tratarse dicen que terminan costándole más dinero al sistema en unas urgencias ya de por sí atascadas y todo a causa de una exclusión que afearon a España distintos organismos internacionales.
Similar es la opinión de algunos colectivos de enfermería y ONGs. Un portavoz cuenta que "eran situaciones muy duras para los propios profesionales porque mostraban su indignación al no poder prestar una asistencia equitativa y universal".
Ahora todas las Comunidades Autónomas, independientemente de su signo ideológico tendrán que devolver este derecho a las más de 800.000 personas que se calcula han dejado al margen durante este tiempo.