El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado que el Gobierno planteará en su reforma del Código Penal la posibilidad de que se reduzcan las penas de privación de libertad derivadas de posibles coacciones por parte de empresarios o sindicatos en el ejercicio del derecho a huelga.
En concreto, ha señalado que plantean que el delito de coacciones recogido en el artículo 315 del Código Penal pase a tener una pena máxima de 18 meses o, alternativamente, una pena pecuniaria.
En este punto, el titular de Justicia ha asegurado que el Gobierno ha constatado que "a veces se producen sentencias muy altas", de privativas de libertad incluso, que "quizá son un poco desproporcionadas en el momento actual".
Por eso, según ha expuesto, una de las enmiendas que van a presentar en el Congreso de los Diputados va a estar vinculada con la reducción de la pena de ese artículo 315. "En todo caso será una enmienda que se presenta en el Congreso de los Diputados (...) y nosotros lo que queremos es conseguir el mayor consenso posible con los grupos parlamentarios para que la reforma del Código Penal se aprueba cuanto antes", ha dicho.