El exdiputado Pedro Gómez de la Serna se ha negado en la Audiencia Nacional a responder las preguntas formuladas por el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, que le investigan junto al exembajador de España en la India y exparlamentario Gustavo de Arístegui por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación destinados a que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros.

Se ha limitado a concretar que prestará declaración una vez se levante el secreto de sumario que pesa sobre la investigación, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ofreció a De la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular (PP) por Segovia en las últimas elecciones generales y estaba inscrito hasta el 2 de mayo al Grupo Mixto, comparecer voluntariamente porque, en el momento que dictó el auto, el político 'popular' tenía condición de aforado. No obstante, perdió esta condición tras la disolución de las Cortes y ha acudido este martes en respuesta a la citación.

Tras permanecer unos minutos en la sala de declaraciones, ha abandonado la Audiencia Nacional en compañía de su abogado sin querer responder a las preguntas de los medios que le esperaban en la puerta. "Por respeto al tribunal, no voy a hacer declaraciones", se ha limitado a concretar.

De la Mata interrogó a Arístegui, que se negó a declarar, al igual que su hijo Borja, que se encuentra también entre los investigados. El Ministerio Público acusa al exdiputado y al exembajador de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

El magistrado explicó el pasado enero en un auto que existen indicios de que los querellados "se concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".

La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito en premio por el buen fin de las gestiones".

Según el magistrado, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".

Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, el juez señalaba que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de "posibles pagos dinerarios" realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.