Francisco Granados llega a la Consejería de Presidencia el 20 de diciembre de 2004.24 horas después, el día 21, el Gobierno de Esperanza Aguirre transfiere a esa consejería las competencias de la empresa pública Arpegio, dependiente hasta entonces de la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
A partir de ahí, Granados idea lo que para Anticorrupción fue un "plan criminal" para hacerse con cantidades ingentes de dinero público en comisiones a cambio de contratos públicos.
Un plan con dos patas controladas por Arpegio: por un lado, la adjudicación de parcelas de los consorcios urbanísticos constituidos por la Comunidad y distintos ayuntamientos, en los que el Gobierno de Aguirre gastó 2.000 millones de euros. Por otro, la adjudicación de las obras de los dos planes Prisma de inversión regional, a los que fueron a parar 1.000 millones más. En total 3.000 millones de euros de todos los madrileños.
Granados se hizo con el control total de los planes Prisma gracias a una encomienda de gestión a Arpegio que las fiscales definen como fraudulenta y como un traspaso ilegal de competencias.
Respecto a los consorcios urbanísticos, Anticorrupción es muy contundente: las adjudicaciones de suelo estaban amañadas y se las repartían entre Arpegio y los gobiernos municipales que a su vez repartían con otros grupos políticos.