En el mes de junio, tres facturas, por valor de casi 70.000 euros, eran falsas para la Agencia Tributaria. Hacienda era contundente: "Se han verificado casos notorios de inexistencia del servicio prestado y falsificación material de factura". Seis meses después, la Agencia Tributaria se desdice, sin explicar su cambio de criterio.
Ahora esos 70.000 euros ya no son ficticios. La Agencia Tributaria acepta que esa cifra corresponde a facturas válidas, y por tanto a gastos deducibles. Este segundo informe de la Delegación Especial de Cataluña no es un papel más. Su contenido, su cambio radical de criterio, puede salvar a la infanta del delito fiscal.
Al no superar, ahora, la cantidad defraudada los 120.000 euros, no habría delito, sino una simple falta administrativa. La cantidad defraudada, si las facturas de 2007 se consideran auténticas, no llega a esa cifra clave: los 120.000 euros que podrían convertir a Cristina de Borbón en autora de un delito fiscal.