Desde el sábado el Gobierno tiene el control de la mayor parte de las cuentas de Cataluña. Ahora el Govern debe justificar cada factura. El objetivo es que no se destine ni un euro publico al referéndum del 1-O.
"Aquí no ha habido ninguna intervención de funciones sino control de pagos para evitar situaciones ilegales de financiación de actividades relacionadas con el referéndum", apunta el ministro Luis de Guindos.
Lo que se traduce en que es el Ejecutivo el ya paga directamente los servicios públicos y las nóminas con los 1.400 millones de euros de financiación que ya no se trasfieren a Cataluña.
Controladas las cuentas por Montoro, sólo queda pendiente el compromiso de Puigdemont de no gastar ni un euro nuevo en algo que no sea lo básico y entregar un informe con los créditos pendientes.
El ultimátum termina mañana. Si no cumple, será Montoro el que firme e imponga el cierre contable a la Generalitat.