La Agencia Tributaria ha elevado a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, un informe que cifra en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El informe detalla el fraude acumulado y sugiere que el grueso de ese fraude estaría prescrito ya, después de que los Pujol hayan regularizado sus ingresos ante el fisco los últimos cinco ejercicios.
El informe, solicitado por el Ministerio Fiscal el pasado 31 de julio, incluye la regularización y declaraciones complementarias a las que se acogieron por IRPF e Impuesto de Patrimonio tanto Jordi Pujol como su esposa, así como sus siete hijos: Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. Según la información remitida por Hacienda a la magistrada, la regularización a la que se ha acogido la familia Pujol cubriría la sanción administrativa ante la Agencia Tributaria pero no cierra la puerta a la exigencia de responsabilidades penales.
Sin embargo, la documentación de Hacienda no aclara si, como ellos mismos admitieron, Josep Pujol y Oleguer Pujol se acogieron o no a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Fuentes de la Agencia Tributaria justifican esa omisión en el hecho de que la Fiscalía no reclamara ese dato en la práctica de diligencias que ordenó el pasado 31 de julio pero admiten que el fisco se enfrenta ahora a un dilema legal.