La hoja de servicios del policía franquista Antonio González Pacheco, a la que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, revela que el Estado gratificaba con reconocimientos públicos y premios en metálico la detención y represión de estudiantes y comunistas.

González Pacheco consiguió un puesto de funcionario en prácticas tras pasar una oposición en 1969. Apenas tres meses después, se convirtió en subinspector segundo y, a partir de ahí, comenzó una escalada de méritos basados en detenciones, desarticulación de grupos comunistas o represión de estudiantes en los años más intensos de las protestas callejeras en España.

Su trabajo era premiado con felicitaciones públicas y dinero en metálico. Esa labor le llevó a ascender "500 puestos" de golpe dos meses antes de la muerte de Franco.

Su expediente, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, refleja que "adelanta 500 puestos en el escalafón que le han sido reconocidos por méritos". Además, desde 1972 a 1982 fue galardonado con cuatro medallas policiales que incrementaron su pensión un 50%.

El dinero extra que recibió durante la dictadura por sus servicios va desde 2.000 pesetas en los años 70 por la "detención de 25 miembros de la Comisión Coordinadora Estudiantil cuando celebraba una reunión ilegal y otros servicios importantes", a las 20.000 pesetas por "desarticular el aparato de propaganda del FRAP", el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.

En 1971, otra detención le consiguió un "premio de 3.000 pesetas al lograr detener a varios agitadores juveniles, mezclándose entre ellos, siéndole ocupado a uno de ellos explosivos y barras de hierro así como propaganda subversiva".

No todos los casos de premio tienen un origen claro. Por ejemplo, el expediente recoge un "premio de 3.000 pesetas., por su destacada actuación en el cumplimiento de una misión específica encomendada", sin aclarar el objeto de esa misión.

Las 18 felicitaciones públicas por represión comunista y estudiantil en la hoja de servicios de este agente, denunciado por sus víctimas por las torturas que sufrieron y llamado a declarar por la jueza argentina que mantiene abierta la causa del franquismo en aquel país, suman 83.500 pesetas.