El diputado del PDeCAT en el Congreso y que era conseller de Presidencia de la Generalitat en la consulta del 9N, Francesc Homs, ha explicado en el juicio del 9N que el Govern decidió mantener el proceso participativo, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras el veto del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre.
Al intervenir en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como testigo en el juicio al expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Homs ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían el proceso participativo: "Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia".
Esta ha sido una alusión velada a la postura de la Fiscalía, que considera que el Govern incumplió la providencia del TC simulando que lo dejaba en manos de los voluntarios cuando en realidad seguían ellos organizando la consulta.
Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo "ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal".
"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha argumentado.
Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC con un otrosí pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.
Ha criticado que el Gobierno central presentara el 31 de octubre una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un conflicto positivo de competencia contra los actos preparativos de la consulta, porque obligaba al TC a adoptar una medida cautelar.
Por eso, la Generalitat también interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo para defender el ejercicio de derechos fundamentales, libertad de expresión, participación política y libertad ideológica contra el Gobierno central "por utilizar un vehículo procesal singular que generaba al TC la obligación de atender a una medida cautelar".
