Desobedecer al Constitucional de manera abierta, obstinada y pertinaz es el motivo por el que Frances Homs está a un paso de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo. "Si alguien cree que el Tribunal Supremo no hace política con todo esto es ingenuo o un fanático", considera Homs.
Está acusado de organizar la consulta del 9N, a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Según él, es "una lectura partidista e interesada de los hechos del nueve de noviembre, casi rozando el ridículo".
Según el Tribunal, Homs no sólo omitió suspender la consulta, también se encargó de impulsarla priorizando la voluntad de la Generalitat por encima de la del Estado. "Es para hacerles un monumento, fue público y notorio", añade.
Una consulta, la del 9N, que puede costarle a Homs una inhabilitación para ejercer cargos públicos pero no la cárcel. "El Gobierno del Partido Popular ya habrá dado las correspondientes instrucciones a la Fiscalía para que fije cuál es su petición de pena", asegura.
De celebrarse ahora, la consulta daría la victoria al 'no'. Según la última encuesta del CIS catalán, el 46,8% de los catalanes no quieren un nuevo estado independiente, frente al 45,3% que votarían 'sí'.
El 'no' sube casi dos puntos desde noviembre, pero Puigdemont se guarda un as en la manga. "¿Cuánta gente tiene que votar 'sí' para que proclame la independencia? Como en todos partes, la mitad más uno", ha declarado en una radio.
Por su parte, Junts Pel Sí y la CUPhan llegado a un acuerdo sobre la ley de transitoriedad jurídica, la misma que define a Cataluña como una "República de derecho, democrática y social".
Aunque, ante su previsible impugnación por el Tribunal Constitucional, las fuerzas independentistas no han querido revelar los detalles del acuerdo.