Según han informado fuentes
jurídicas presentes en la declaración, González, que mostraba un aspecto
"desmejorado" desde su ingreso en prisión incondicional el pasado 21
de abril, ha defendido ante el juez su inocencia y ha afirmado que en su caso
no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y "mucho
menos" de reiteración delictiva.
La declaración, que se
ha prolongado de las 11.15 horas hasta las 13.00, fue solicitada por su
defensa, que ejerce el abogado Esteban Mestre, porque, cuando declaró al ser
detenido, ni González ni su letrado conocían los motivos que le llevaron a
ingresar en prisión provisional por estar entonces toda la causa secreta, por
lo que el letrado no pudo hacer preguntas.
Ahora, y con el
levantamiento parcial de ese secreto, González ha querido explicar su relación
con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las
relacionadas con el Canal de Isabel II, entre ellas la compra de la brasileña
Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la
Comunidad de Madrid.
Durante la declaración
solo ha preguntado la fiscal del caso, Carmen García, que ha precisado que, si
bien una parte del sumario ya no es secreta, otra parte lo sigue siendo y hay
una serie de sociedades que se siguen investigando.
A la declaración han
asistido solo la fiscal y su defensa, que ha estado representada por una
letrada del despacho de Mestre, y el juez, quien, según las fuentes, no ha
hecho ninguna pregunta. Desde su ingreso en prisión, González presenta un
aspecto "muy desmejorado" por la situación "desesperada" en
la que se encuentra, ya que, según su defensa, "él y nosotros confiamos en
su inocencia", por lo que consideran que su prisión provisional es
"un castigo injustificado".
Por ello en los próximos días pedirán por escrito al juez García Castellón que le ponga en libertad con
la adopción de las medidas cautelares que considere oportunas, y poder así
regresar "a casa con su familia".
González pidió declarar
a petición propia después de que la semana pasada lo hiciera Edmundo Rodríguez
Sobrino, considerado su hombre fuerte en los negocios del Canal de Isabel II en
Latinoamérica, y que al igual que el expresidente madrileño tampoco reclamó en
esa comparecencia su puesta en libertad.
La comparecencia de
Ignacio González por el caso Lezo ha coincidido en la Audiencia Nacional con la
de su hermano Pablo -en prisión bajo fianza de 4 millones de euros por el caso
Lezo- al haber sido citado por el juez José de la Mata en relación con la
empresa pública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento),
de la que fue directivo y que está siendo investigada en el marco del caso
Defex, una empresa semipública.
La primera en declarar a
petición propia ante el nuevo magistrado de Lezo, que ha sustituido al juez
Eloy Velasco, fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II María
Antonia Richmond, que un día después consiguió que se le rebajara la fianza de
4 millones que le impuso Velasco a 100.000 euros, por lo que pudo salir de
prisión. Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, los imputados en la causa
que se encuentran en prisión han solicitado todos volver a declarar.
Tras la excarcelación de
Richmond son tres los que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano
Pablo González y Rodríguez Sobrino. El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional acordó mantener en prisión a González por riesgo de
fuga y de destrucción de pruebas, al observar que aún podría tener patrimonio
"oculto" y recordaba que en una conversación entre dos investigados
se hablaba de que tenía "dinerillo B".
Según el auto de la
Sala, el expresidente madrileño podría estar implicado "en el pago de una
comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de
Navalcarnero" (Madrid), así como en la operativa fraudulenta del Canal de
Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a
través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
González está imputado
por delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los
negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.