La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado la imputación en el caso de otras 16 personas, entre ellos el ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla, el responsable de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, Francisco Figueroa, y otros sindicalistas.
La juez Alaya, en un auto analiza las ayudas a las empresas Altadis y A-Novo Comlink y concluye que en la primera de ellas hubo al menos 15 irregularidades que supusieron un "cheque en blanco contra los fondos andaluces" y en la segunda, con unas ayudas gestadas en una reunión encabezada por el presidente de la Junta, siguió el "sangrado continuo de fondos públicos".
La juez acuerda un calendario de declaraciones entre el 14 y el 18 de julio que incluye a los líderes de UGT y CCOO que firmaron en diciembre de 2004 el compromiso de pago de la Junta a Altadis, entre ellos Francisco Fernández Sevilla, que entonces era miembro de la dirección andaluza de UGT y posteriormente fue secretario general, y su compañera de sindicato Blanca Uruñuela, que comparecerán el día 15.
También declarará el 16 de julio Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, y José Luis Relea, exresponsable de Recursos Humanos de Altadis, y el día anterior en sindicalista de CCOO Antonio Perianes. La juez decreta la citación como responsables subsidiarios de sus respectivos sindicatos, así como de Altadis y la matriz de A-Novo.
El calendario incluye a Alfonso Ruiz-Mateos, sexto hijo del dueño de Nueva Rumasa que es imputado en la causa, en este caso por las ayudas a Dhul; el exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como "Pizo" Gómez, para acordar las medidas civiles contra él, y dos presuntos testaferros de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago por las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.