El juez ha adoptado esta decisión en un auto en el que llama también a declarar ese día como investigados a tres técnicos de la Comunidad de Madrid: Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de la Heras Rodríguez.

Los cuatro, a la vista de la valoración de los contratos y gastos que contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el CJM, deben ser interrogados como responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo en que prestaron sus servicios en la sociedad, explica el juez.

El juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondía a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid.

Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal. Según De la Mata, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, "la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo", y presentaba "un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil".

Todos los puestos de trabajo, prosigue el auto, "se cubrieron con personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados". El juez De la Mata distingue dos etapas en la actividad de CJM, una hasta 2008 y otra a partir de ese año.

En esa primera etapa, De Prada y los tres técnicos formaron parte de una Mesa de Contratación permanente constituida por orden del exconsejero de Justicia el 1 de julio de 2006.

De la Mata señala que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

Entre otros elementos, denuncia la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad, la falta de rendición de las cuentas, presentadas incompletas o fuera de plazo en varios ejercicios, las deficiencias en la información sobre las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado.

En cuanto a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

Observa que las "carencias en la determinación del objeto de los contratos conllevan que, en prácticamente todas las licitaciones realizadas por CJM, se hayan utilizado criterios de valoración que tienden a suplir la falta de precisión en la definición de las prestaciones, exigiendo a los licitadores que la completen con sus proposiciones".

Destaca además "a modo ilustrativo" que "en la realización de ampliaciones de capital efectuadas por el Campus de la Justicia, no se ha podido disponer ni de un solo documento original".

Tampoco existe en el archivo de la empresa desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010 "no existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados", mientras que de los otros ejercicios "es significativo el desorden en materia de facturación".

En cuanto a la contratación, el informe señala "la enorme dispersión de la documentación en 432 cajas y el desorden consiguiente que han provocado una gran incertidumbre acerca de los expedientes que realmente se tramitaron".