La declaración del estado de alarma para encauzar las medidas adoptadas para combatir la pandemia del Covid-19 ha provocado un cambio en la evolución de los índices de criminalidad que, entre los pasados días 14 y 31 de marzo, se redujeron un 73,8% en comparación con el mismo periodo de 2019.

El análisis lo ha realizado la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y aquellos cuerpos de Policía Local que habitualmente facilitan datos al sistema.

No incluyen las estadísticas de Ertzaintza y Mossos d’Esquadra por no llegar a tiempo con las fechas concretas de la comisión de las infracciones penales para el estudio, de forma que los datos facilitados por el resto de los cuerpos policiales que operan en País Vasco y Cataluña no han sido utilizados en la elaboración del informe, precisó este viernes el Ministerio de Interior.

Entre el pasado 14 de marzo, fecha de la entrada en vigor del estado de alarma, y el 31 de ese mes, los cuerpos policiales registraron 19.656 infracciones penales con los datos que han sido recabados. Esta cifra supone una reducción de un 73,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, en el que los posibles delitos registrados fueron 75.059.

El estado de alarma supuso un cambio en la evolución de la criminalidad durante marzo evidente ya que en sus primeros trece días había registrado 61.347 infracciones penales, un 8% más que en el periodo equivalente de 2019. Sin embargo, el conjunto del mes se cierra con un total de 81.003 actos presuntamente delictivos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un 38,6% menos.

Precisamente son las comunidades autónomas más afectadas por la crisis del Covid-19 las que presentan una reducción más acusada de sus índices de criminalidad. Es el caso de Madrid, con una caída del 84,1% (pasa de 19.690 infracciones a 3.134). Su caída es además mayor en los núcleos urbanos más poblados y en los que la presencia policial ha sido más evidente. En aquellas poblaciones de más de 100.000 habitantes, la reducción del índice de actividad delictiva ha sido de un 79,7%.

Los delitos contra la seguridad vial (-57,1%), los delitos de odio (-73,1%) y los relacionados con el tráfico de drogas (-49,8%) también presentan una caída durante la vigencia del estado de alarma, en proporción similar y equiparable a la mayoría de las infracciones penales conocidas. Por su parte, los delitos patrimoniales, que habitualmente constituyen el 75% del total de los conocidos por las Fuerzas de Seguridad, presentan un patrón de descenso equiparable al resto de las tipologías delictivas. Sin embargo, la declaración del estado de emergencia redujo su peso proporcional en el conjunto de la criminalidad a un 54,1% sobre el total.

Por tipologías penales concretas, las que presentan un mayor descenso son las estafas, con caídas del 86,6%, seguidos por la ocupación de inmuebles (-79,7%) y la sustracción de vehículos (-69,9%). Respecto al lugar específico de comisión, descienden en general para todos los lugares, si bien la caída de los atracos a estancos (-21%) y farmacias (-35%) no es tan elevada como en el resto.

La evolución del número de personas detenidas e investigadas por su presunta responsabilidad en una infracción penal durante la vigencia del estado de alarma muestra las mismas pautas, aunque incluye un factor diferenciador importante: un alto índice de variación al alza de las detenciones por hechos relacionados con resistencia y desobediencia a la autoridad (+519,1%) en los controles de cumplimiento del confinamiento impuesto durante el estado de alarma.

Esa es la misma razón por la que los atentados a agentes de la autoridad, aunque también reducen su casuística, lo hacen en menor medida que el resto de las tipologías penales, ya que el número de detenidos e investigados se reduce solo en un 8%.